La Comisión Europea firmó el 5 de septiembre en Vilna (Lituania), el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho. Este tratado, impulsado por el Consejo de Europa, establece un marco legal internacional para regular la inteligencia artificial (IA), y es el primero jurídicamente vinculante en abordar los desafíos que plantea esta tecnología a nivel global.
El Convenio Marco sobre IA es el resultado de un esfuerzo conjunto de 46 estados miembros del Consejo de Europa, la Unión Europea y 11 países no europeos, incluyendo a potencias como Estados Unidos, Japón y Canadá. El tratado regula el ciclo de vida completo de los sistemas de IA, desde su desarrollo hasta su implementación en sectores tanto públicos como privados. Entre sus principales objetivos está garantizar la innovación responsable, la transparencia y la supervisión de los sistemas de IA, además de proteger derechos fundamentales como la privacidad y la igualdad.
El documento se estructura en ocho capítulos, cada uno de los cuales aborda aspectos clave del desarrollo y uso de la IA. Estos capítulos establecen una regulación integral que cubre desde el diseño de los sistemas de IA hasta su implementación, destacando principios como la dignidad humana, la igualdad, la privacidad y la fiabilidad tecnológica. Además, el convenio refuerza la transparencia y la responsabilidad de los desarrolladores y operadores de IA, y fomenta una innovación segura.
Entre los temas abordados en estos capítulos se incluyen normas para prevenir la discriminación, garantizar la igualdad de género y proteger los procesos democráticos frente a manipulaciones tecnológicas. Asimismo, incorpora un mecanismo de seguimiento independiente que supervisará la implementación efectiva del tratado en los países firmantes. Sin embargo, el convenio excluye las actividades relacionadas con la seguridad y defensa nacional, así como la investigación de IA no destinada a uso público.
Un marco legal pionero para la IA a nivel internacional
Un aspecto clave de este tratado es su carácter internacional. No solo está abierto a países europeos, sino también a otros continentes, lo que lo convierte en el primer estándar legal global para la IA. Con un período de transición de 24 meses, los estados firmantes deberán cumplir con las obligaciones impuestas, asegurando una aplicación ética y segura de la IA que respete los principios democráticos y de derechos humanos.